Protestar no es violentar, y libertad no significa nunca silenciar al otro.
La suspensión de una etapa de la Vuelta Ciclista a España por una protesta organizada debería hacernos reflexionar. Nadie cuestiona que la libertad de expresión es esencial en democracia, y que ésta implica la posibilidad de hablar, escribir, debatir y manifestarse. Pero otra cosa muy distinta es confundir ese derecho con la potestad de imponer la propia visión del mundo, interrumpiendo la vida de los demás como si solo importara lo que uno piensa.
Se habla mucho del derecho a expresarse, pero casi nunca del derecho a ser respetado cuando uno no está de acuerdo. El ciudadano que piensa que una protesta no debe celebrarse en cierto momento, y de una determinada manera, también merece consideración. Quien ve su vida alterada, quien pierde la oportunidad de disfrutar de un evento deportivo o quien simplemente no comparte la forma de la reivindicación, también tiene derechos. Una democracia madura no puede sostenerse solo sobre la voz de quienes protestan; también necesita garantizar el espacio de los que no lo hacen. Ignorarlo es tan dañino como censurar al que alza la voz.
Interrumpir una competición internacional como la Vuelta no genera debate ni simpatía. Genera rechazo, hartazgo y un perjuicio evidente a ciclistas, aficionados, organizadores y al propio país. Y lo más grave: abre la puerta a que el espacio público se convierta en territorio del más ruidoso. ¿De verdad queremos una sociedad donde manda quien más grita o más molesta?
Lo inquietante es que muchos líderes políticos y personajes influyentes no solo toleren estas prácticas, sino que las aplaudan. Con ello envían un mensaje devastador: si piensas como yo, interrumpir, coaccionar o incomodar está bien; si no piensas como yo, es condenable. Esa doble vara destruye la confianza en las instituciones y alimenta la polarización. La libertad de expresión no puede depender del color ideológico del mensaje.
John Stuart Mill ya advirtió, sobre la libertad, que “la única libertad que merece este nombre es la de buscar nuestro propio bien a nuestro modo, siempre que no privemos a los demás del suyo”. Pero eso parece olvidarse. En la práctica, se invoca mucho el derecho a hablar y muy poco el deber de respetar. Y sin respeto no hay pluralismo, solo imposición.
El problema no es la protesta, sino la deriva que supone normalizar métodos de presión que rozan la coacción. Lo que empieza con interrumpir un evento deportivo puede terminar en aceptar como válidas otras formas de violencia simbólica o incluso física. Y si los responsables políticos blanquean estas actitudes, ¿qué freno quedará para los excesos?
Además, no podemos obviar la politización de estas acciones. Cada vez más, lo que podría ser una reivindicación legítima se convierte en espectáculo mediático al servicio de intereses partidistas. El resultado: se diluye el debate de fondo y se erosiona la credibilidad de la causa. Mientras tanto, la convivencia se resiente y la sociedad queda atrapada en un juego de confrontación constante.
Lo que está en riesgo no es la simpatía hacia una u otra ideología, sino la convivencia democrática misma. Si se normaliza que para hacerse oír hay que molestar al prójimo, corremos el peligro de instalar la “tiranía del más ruidoso”. Y con ello, la radicalización y el descrédito de las instituciones serán inevitables.
España sabe convivir en pluralidad. No podemos permitir que la intolerancia disfrazada de libertad de expresión ponga en riesgo ese logro. Defender el derecho a opinar es imprescindible, pero también lo es defender el derecho a discrepar y seguir con la vida en paz. Expresar no es imponer, protestar no es violentar, y libertad no significa nunca silenciar al otro.