El 29 de octubre de 2024 quedará grabado en la memoria de España como el día en que la lluvia se convirtió en tragedia. La DANA que azotó con furia la Comunidad Valenciana y otras regiones —Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía, Aragón y Cataluña— dejó decenas de víctimas mortales, miles de damnificados y una huella indeleble en el territorio. La magnitud del desastre obligó a activar todos los mecanismos de emergencia disponibles, pero también evidenció que ni la previsión ni la coordinación institucional estuvieron a la altura de la amenaza. Al cumplirse un año, la reflexión es obligada: qué hemos aprendido, qué se ha hecho y qué sigue pendiente en la gestión del riesgo y la reconstrucción.

La intensidad del fenómeno fue extrema. En apenas dos días, algunas comarcas acumularon más de 700 litros por metro cuadrado, provocando el desbordamiento de cauces, el colapso de infraestructuras y el aislamiento de decenas de municipios. La topografía del terreno, la ocupación urbanística en zonas inundables y el abandono del mantenimiento de ramblas y barrancos convirtieron la DANA en una catástrofe anunciada. Lo meteorológico se combinó con lo estructural: el cambio climático amplifica los episodios extremos, pero es la acción humana —o la falta de ella— la que determina el alcance del daño.

Durante las semanas posteriores, la respuesta institucional trató de ofrecer alivio. El Gobierno declaró las zonas afectadas como “gravemente perjudicadas por una emergencia de protección civil” y movilizó fondos de urgencia. También la Unión Europea activó su Fondo de Solidaridad, y las comunidades autónomas impulsaron ayudas directas para viviendas y negocios arrasados. Se limpiaron cauces, se restableció el suministro eléctrico y se repararon carreteras. En términos operativos, la coordinación de Protección Civil, UME y servicios locales, junto a la imponente respuesta ciudadana de voluntarios, fue ejemplar en muchos puntos, evitando que el balance humano fuera aún más trágico. Pero la reconstrucción no se mide solo en metros cúbicos de barro retirado, sino en la capacidad de prevenir el siguiente desastre.

Un año después, el balance es mixto. Las obras de contención y las infraestructuras hidráulicas anunciadas avanzan lentamente. Las ayudas prometidas no siempre llegan con la agilidad necesaria y los afectados siguen encontrando trabas burocráticas. Algunos municipios han logrado reabrir colegios, centros de salud y carreteras, mientras otros continúan esperando autorizaciones o financiación. Los informes técnicos son claros: España sigue siendo vulnerable ante fenómenos meteorológicos extremos, y muchas decisiones siguen respondiendo a criterios políticos antes que a análisis técnicos. La prevención no puede depender de los ciclos electorales, sino de una estrategia de Estado basada en la resiliencia y la gestión sostenible del territorio.

La catástrofe también dejó heridas emocionales profundas. Quienes perdieron a un ser querido o su hogar viven con una mezcla de dolor y frustración. La rabia de las víctimas es comprensible, especialmente cuando perciben que la recuperación se dilata entre promesas incumplidas y disputas partidistas. La tensión política que ha acompañado la reconstrucción ha sido un lastre: los reproches entre administraciones, la falta de comunicación y la instrumentalización del desastre han enturbiado un proceso que debería haber sido un ejemplo de unidad. La emergencia climática no distingue colores políticos, pero la respuesta institucional sí los ha mostrado con crudeza.

De esta tragedia deben extraerse lecciones concretas. Es imprescindible actualizar los mapas de riesgo hídrico y revisar los planes urbanísticos para evitar nuevas edificaciones en zonas inundables. Los cauces deben reforzarse, las infraestructuras hidráulicas diseñarse con criterios de máxima capacidad de absorción y los planes de evacuación modernizarse mediante sistemas de alerta temprana integrados. La tecnología meteorológica permite anticipar lluvias torrenciales con precisión creciente, pero esa información debe transformarse en decisiones rápidas, coordinadas y eficaces.

España debe contar con un Comité Técnico Permanente de Resiliencia específico para este tipo de emergencias, con representación de ingenieros, meteorólogos y expertos en protección civil, que supervise las actuaciones y garantice la transparencia en la gestión de fondos. La rendición de cuentas y la comunicación con la ciudadanía son esenciales para recuperar la confianza perdida. La prevención no puede ser una palabra vacía en los discursos oficiales: requiere presupuesto estable, mantenimiento continuo y cultura cívica.

La DANA de 2024 nos recordó que la emergencia no empieza cuando llueve, sino mucho antes, en la forma en que planificamos el territorio y en la seriedad con que tratamos la gestión del riesgo. Un año después, seguimos reconstruyendo, pero aún no hemos aprendido del todo. Honrar a las víctimas implica más que recordar: significa actuar con rigor técnico, invertir con sentido y prevenir con inteligencia. La lluvia volverá, inevitablemente; la tragedia, en cambio, no debería repetirse.

No podemos permitirnos que un año después de la DANA tengamos lecciones que aún no hayamos aprendido.

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Artículo publicado en:

Diario de Navarra: Diario-Diario de Navarra-04_11_2025-12