La corrupción no puede analizarse como una simple suma de comportamientos desviados o individuales.
La corrupción política en España no es una desviación ocasional del sistema institucional, sino una práctica sostenida por redes de intereses públicos y privados que operan a la sombra de los procedimientos formales. No hay corrupción política sin corruptores. Y en buena parte de los casos, éstos se encuentran entre grandes actores empresariales que negocian contratos, favores o legislaciones a medida, a cambio de sobornos o contraprestaciones ilegítimas. Como han demostrado los casos Gürtel, Bárcenas, Púnica, ERE o más recientemente el llamado caso Koldo-Ábalos-Cerdán, la corrupción no es un delito individual sino un sistema paralelo con reglas propias y reparto de poder: redes estables de intercambio ilegal de beneficios, que afectan al funcionamiento mismo del Estado y a su legitimidad democrática.
Desde la criminología, y especialmente desde las corrientes críticas, se ha advertido que la corrupción no puede analizarse como una simple suma de comportamientos desviados o individuales. Se pone el punto de mira en que el enfoque jurídico tradicional es insuficiente si no se analiza la corrupción como un fenómeno estructural, impulsado por relaciones de poder, carencias institucionales y una cultura de permisividad. Se advierte que los delitos de corrupción requieren una respuesta más allá del castigo penal: se necesita una política pública de integridad que actúe desde la prevención, el control y la educación.
El profesor Maroto Calatayud considera la financiación irregular de los partidos como una consecuencia de “la invasión de lo político por las fuerzas del mercado” y llama “patrimonialización de la actividad administrativa” a la creación de estructuras paralelas en la Administración Pública por el partido que se hace con el poder político, para explotar en su propio beneficio (o el de sus cargos) las decisiones con mayor potencial extractivo, como las adjudicaciones de contratos y la recalificación de terrenos (M. Maroto Calatayud. La financiación ilegal de los partidos políticos. Un análisis político-criminal. Ed. Marcial Pons, 2015).
En España, las herramientas legales existen, pero su aplicación es limitada y en muchos casos ineficaz. El Código Penal contempla delitos como cohecho, tráfico de influencias o malversación, y sanciona la corrupción en el sector privado. Sin embargo, los empresarios implicados en grandes tramas raramente enfrentan consecuencias proporcionales. Deberían aplicarse con rigor sanciones como la inhabilitación para contratar con la administración, el decomiso de beneficios y la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Más allá del castigo, la prevención debe empezar por cerrar los espacios de opacidad en la contratación pública. Aunque existen herramientas como el Portal de Contratación del Estado, el Tribunal de Cuentas ha advertido sobre la falta de control real, especialmente en contratos menores o tramitaciones de urgencia. La trazabilidad total de cada contrato, en tiempo real, con criterios técnicos objetivos y controles ciudadanos, debería ser un estándar obligatorio.
Otro frente clave es evaluar los perfiles de riesgo dentro de las administraciones públicas y entre las empresas contratistas. La Ley 2/2023 sobre Protección de Informantes, que regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, es un avance, pero aún falta implementar protocolos que detecten patrones de comportamiento y relaciones sospechosas antes de que el daño esté hecho, e incorporar mecanismos como auditorías independientes, mapas de riesgo institucional y filtros éticos para altos cargos. La transparencia debe ser activa y permanente, no reactiva ni simbólica.
La tecnología puede ayudar en esta tarea. La implementación de sistemas basados en blockchain (registro digital descentralizado de transacciones compartidas entre una red que es inmutable o inmodificable), ya ensayados en administraciones locales, permitiría registrar contratos y subvenciones con garantías de inviolabilidad y trazabilidad. Esto reduciría la capacidad de manipulación humana y aumentaría la confianza institucional.
Las “puertas giratorias” siguen siendo otro problema estructural. El paso de cargos políticos a consejos de administración de grandes empresas —especialmente en sectores estratégicos como energía o transporte— debilita la credibilidad del sistema y perpetúa círculos de influencia. Una reforma seria debería ampliar el periodo de incompatibilidad y prohibir la participación en empresas beneficiadas por decisiones políticas previas.
No menos importante es la batalla cultural. La corrupción se ha naturalizado bajo la lógica de que “todos lo hacen”, reforzando la apatía y la desmovilización ciudadana. Invertir en educación cívica, ética pública y pensamiento crítico desde etapas escolares es clave para romper ese ciclo. La corrupción no solo roba dinero público: socava la cohesión social, la calidad democrática y la justicia.
Hoy, más que nunca, necesitamos una política que recupere su sentido originario: la gestión del bien común con vocación de servicio. La corrupción mina precisamente esa confianza. Y sin confianza, la democracia se debilita. Desde la criminología, y como ciudadanos de bien, debemos insistir: combatir la corrupción no es solo cuestión de leyes, sino de voluntad, verdadera vigilancia y cultura democrática.
Solo así venceremos estas complicidades corruptas.