Por una alianza técnica y operativa entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCSE) y el conjunto del sector de la Seguridad Privada.
La seguridad contemporánea ha conseguido dejar atrás dicotomías y articular una alianza técnica y operativa entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCSE) y el conjunto del sector de la Seguridad Privada.
La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada establece, en su artículo 30, los principios que deben guiar la actuación del personal de seguridad privada: legalidad, integridad, dignidad, corrección, congruencia, proporcionalidad, reserva profesional y, de forma explícita, colaboración con las FCSE. Este marco jurídico no es sólo un mandato, sino el cimiento sobre el que construir interoperabilidad y confianza profesional.
Esta cooperación, esta alianza, es efectiva porque el volumen de medios, personal y capacidades que posee la seguridad privada en España representa un multiplicador operativo de primer orden. Desde empresas de seguridad, centrales receptoras de alarma, sistemas de videovigilancia, hasta personal habilitado de vigilantes de seguridad, escoltas, guardas rurales, directores y jefes de seguridad, detectives: todos ellos componen un tejido que puede integrarse al servicio de la seguridad pública.
Para todo ello, el artículo 30 de la Ley de Seguridad Privada desempeña una función de garantía de calidad: los principios que enumera marcan la diferencia profesional y deben ser exigibles en la evaluación, en los contratos y en la habilitación del personal de seguridad privada. En ese sentido, cuando un vigilante de seguridad, escolta o guarda rural asume su función, no se trata simplemente de hacer vigilancia, sino de hacerlo con estándares de exigencia profesional que permitan integrarse sin fisuras con la seguridad pública, aportando valor al sistema global.
Para mejorar esta colaboración y hacerla, si cabe, más efectiva, es fundamental la formación continua y especializada, en materias como la gestión de crisis, primeros auxilios tácticos, respuesta a amenazas híbridas, actuación con menores o en entornos especiales como hospitales, centros de acogida o eventos multitudinarios. Para conseguirlo hay que contar con la voluntad de querer hacerlo de los propios profesionales, que las empresas de seguridad garanticen esta formación y que las FCSE promuevan, y exijan, los estándares de calidad necesarios para conseguir el objetivo: una mejor coordinación de todos.
También ayudaría, y mucho, fortalecer la profesionalización del sector privado de seguridad, mejorando sus condiciones laborales y reduciendo al máximo la rotación del personal, así como desarrollar indicadores públicos que midan el grado y el impacto de la colaboración público-privada en seguridad, para poder ajustar estrategias.
La colaboración es evidente en ámbitos operativos como la vigilancia de infraestructuras críticas (energía, agua, telecomunicaciones), protección de eventos multitudinarios, transporte de valores, instalación y gestión de alarmas y videovigilancia, respuesta ante incidentes de seguridad (hurtos en centros comerciales, acceso no autorizado, vulneraciones de sistemas). Para ello se cuenta con los programas RED AZUL y COOPERA que son instrumentos que permiten institucionalizar esa colaboración operativa.
El Programa Red Azul del Cuerpo Nacional de Policía es una hoja de ruta práctica para esa colaboración: integra información de la seguridad privada en sistemas de inteligencia, contempla la participación del sector privado en planificación operativa, promueve formación conjunta y reconoce la profesionalidad privada cuando contribuyen a actuaciones policiales. Del mismo modo, la Guardia Civil opera a través del Programa Coopera con el sector privado, reforzando el intercambio bidireccional de información, estableciendo canales estructurados y fomentando la adhesión voluntaria de entidades privadas. Ambos programas buscan institucionalizar la colaboración operativa, pasando de la exigencia legal a una alianza profesional de corresponsabilidad.
No podemos olvidar el coste humano que también se ha sufrido, sin rendir homenaje y mantener viva la memoria de quienes, en uniforme público o privado, dieron su vida en el cumplimiento del deber. Su compromiso simboliza la esencia de la seguridad: una vocación compartida, un servicio a la comunidad. Reconocer, formar y proteger a los profesionales que la materializan es una obligación ética, operativa y técnica.
Como final vaya el reconocimiento y aplauso a todos los actores de nuestra seguridad. Por la Seguridad Pública al Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policías Autonómicas (Mossos d’Esquadra de Cataluña, Ertzaintza del País Vasco, Policía Foral de Navarra y Policía Canaria) y a las Policías Locales. Por la Seguridad Privada a todas las empresas del sector y sus profesionales.
Porque la seguridad es, y debe ser, una política de Estado basada en la complementariedad de capacidades, se deben integrar los recursos públicos y privados en su totalidad, aplicar el artículo 30 con rigor, desplegar en su totalidad los programas Red Azul y Coopera y traducir estas buenas intenciones en soluciones tecnológicas y formativas concretas. La sociedad española merece esta alianza de seguridades preparada, profesional y cohesionada.
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